Más de 2.300 establecimientos escolares, junto a más de 700 jardines infantiles y salas cuna de todo el país, ya pertenecen a la Nueva Educación Pública (Ley 21.040), llamada de “desmunicipalización” por terminar con la enseñanza bajo administración municipal.

La política representa una de las principales reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en la cual se fijó que se crearían 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para ser los nuevos sostenedores, y se empezaron a instalar progresivamente desde 2018.

No obstante, ha estado marcada por problemas de funcionamiento, irregularidades y postergaciones en su calendario, que originalmente consideraba haber completado todo el traspaso en 2025, pero que luego fue postergado en diferentes oportunidades, totalizando actualmente 10 años de desfase.

Flexibilización de los criterios que se aplican

En medio de la presión de alcaldes que se niegan a entregar sus establecimientos educativos, el Ministerio de Educación (Mineduc) presentó un proyecto de ley que había anticipado hace unos meses, para fijar una “pausa” en el traspaso de colegios.

Entre los ajustes están un nuevo cronograma que postergaría hasta 2040 el proceso, y también se reducirían las exigencias que deben cumplir los municipios para continuar administrando los establecimientos. Según fuentes consultadas, la idea busca mantener los sistemas en paralelo en principio, pero a la vez, ir frenando el traspaso a los SLEP poco a poco.

Un análisis de la Facultad de Educación de la U. del Desarrollo estima que actualmente 43 de las 177 comunas pendientes cumplen con los requisitos educativos vigentes. Con el proyecto, concluye, serían 166 las que podrían pedir esa postergación, es decir, aumenta desde el 24,3% al 93,8% del universo. Esto, asumiendo que todos los municipios cumplen con los requisitos administrativos y financieros que fija la propuesta (Ver infografía).

De esa forma, con la iniciativa pasarían de 455 establecimientos a 2.369 los que podrían mantenerse bajo la administración municipal, con un aumento de 77 mil a unos 547 mil alumnos en el antiguo sistema.

Según el análisis, siete de las 11 comunas que no cumplirían con los criterios educativos son de la Región Metropolitana: La Florida, La Reina, Peñalolén, Recoleta, El Monte, Padre Hurtado y Peñaflor. De otras regiones, son Antofagasta, Machalí, Talcahuano y Hualpén.

A juicio de Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD y autor del análisis, estas comunas figuran justo en el margen del indicador, por lo que quedan fuera por poco, y dice que los resultados que muestra esta ampliación no significan que se incorporan municipios de bajo desempeño educativo, sino que “son comunas con buenos resultados que antes quedaban excluidas por la forma en que estaban combinados los requisitos”.

Incluso, asegura que “las once comunas que hoy aparecen fuera podrían cambiar de condición una vez que se actualicen los datos oficiales, especialmente la categoría de desempeño”.

Con todo, plantea que “la calidad sigue siendo central. El proyecto no elimina los criterios educativos, sino que modifica la forma en que se combinan. Las comunas deberán seguir demostrando buenos resultados para acceder a la postergación”.