El proyecto de ley del gobierno para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) contempla dos mecanismos complementarios e integrados. En la práctica, los colegios con sobredemanda podrían optar entre el actual mecanismo o una vía voluntaria con criterios de selección definidos por cada establecimiento, como adhesión al proyecto educativo, rendimiento académico, entrevistas o proximidad territorial.
La propuesta, dada a conocer por La Tercera la noche del jueves, promete ser quizás si el gran tema de debate educativo que se avecina y no dejó indeferente a nadie, especialmente a quienes hace poco coincidieron con la ministra María Paz Arzola en la última gran instancia de análisis que tuvo el SAE: como parte del acuerdo que viabilizó la Ley de Presupuestos 2025, el Mineduc de Nicolás Cataldo quedó comprometido a constituir una mesa técnica encargada de proponer mejoras al sistema.
La instancia debía reunir a representantes de centros de estudios, académicos y otros actores vinculados al sistema educativo. La idea era hacerla lo más transversal posible para que el informe final que se le mandató entregar tuviera peso y credibilidad. Allí se sentaron 11 personas: Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la PUC; Manuela Mendoza, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la U. de O’Higgins; Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD; Gonzalo Muñoz, consejero del Consejo Nacional de Educación; Magdalena Vergara, investigadora de IdeaPaís; Juan José Llorente, asesor legislativo de Fundación Jaime Guzmán; Patricio Rodríguez, investigador del CIAE de la U. de Chile; Javier González, director de SUMMA; Cristián Cabalín, jefe de Comunicaciones de Rectoría de la U. de Chile; y Sylvia Eyzaguirre, consejera del Consejo Nacional de Educación. También Arzola, en ese entonces investigadora y coordinadora del Programa Social de LyD.
A inicios de abril de 2025, la instancia dio a conocer su informe final al cual suscribió Arzola, donde se proponía reponer la selección en hasta 80% de la matrícula para liceos de alta exigencia y que los establecimientos adscriban voluntariamente a criterios de priorización, todo dentro del SAE.
(…) Quien tiene una mirada distinta es Mauricio Bravo, que dice parecerle “una propuesta razonable porque uno de los principales problemas del SAE es que redujo al mínimo la capacidad de los establecimientos para desarrollar procesos de admisión coherentes con sus proyectos educativos”.
Y se extiende: “Permitir que los colegios puedan utilizar criterios objetivos, previamente informados, no es discrecionalidad, sino reconocer que la diversidad de proyectos requiere cierto grado de autonomía. Las familias no solo eligen un colegio por calidad o infraestructura, sino también por su identidad, énfasis formativo y expectativas académicas, y esa coherencia debiera poder reflejarse en los procesos de admisión”.
