La evidencia internacional muestra que la convivencia escolar no es solo un problema de normas o sanciones, sino también de capacidades de liderazgo, en tanto los equipos directivos configuran las condiciones para anticipar y gestionar los conflictos. Lo ocurrido recientemente en un establecimiento de Calama, de extrema gravedad, no puede comprenderse únicamente desde una lógica policial ni desde la reacción inmediata frente a la violencia.

Datos de la Superintendencia de Educación indican que más del 70% de las denuncias en 2025 se relacionan con convivencia escolar, con un aumento sostenido, especialmente en agresiones hacia docentes y asistentes. En este escenario, el desafío de la política pública debiese orientarse a fortalecer las capacidades de liderazgo en las escuelas, promoviendo el trabajo colaborativo y una mejor articulación de las políticas de convivencia, inclusión y bienestar socioemocional.

Lo ocurrido en Calama constituye una señal de alerta que exige ir más allá de la contingencia y abordar la convivencia como un problema de capacidades institucionales, no solo de control o sanción.

Armando Rojas Jara
UDD