Señor Director:

El reciente asesinato de una inspectora en Calama constituye un hecho de extrema gravedad que interpela directamente al sistema educativo y a la sociedad en su conjunto. No se trata solo de un episodio aislado de violencia, sino de una señal de alerta sobre las condiciones de seguridad en que hoy operan algunas comunidades escolares.

En este contexto, resulta imprescindible reabrir un debate serio sobre las herramientas disponibles para prevenir situaciones de riesgo. Entre ellas, el uso de detectores de metales en establecimientos educacionales ha sido objeto de controversia, pero su discusión no puede seguir postergándose.

Más que una imposición, la clave está en reconocer la autonomía de las comunidades educativas. Son los equipos directivos, junto a docentes, asistentes y apoderados, quienes mejor conocen su realidad y nivel de riesgo. Por lo mismo, debieran contar con la facultad de evaluar e implementar medidas proporcionales, incluyendo tecnologías de control preventivo cuando las condiciones lo ameriten. Negar esta posibilidad puede terminar desprotegiendo a quienes sostienen la convivencia escolar.

Mauricio Bravo
Vicedecano Facultad de Educación U. del Desarrollo