En una campaña presidencial concentrada en la seguridad pública, la inmigración y la economía, la educación no ha ocupado, a diferencia de anteriores ciclos electorales, un lugar importante en la deliberación política.
En este contexto, un grupo de 33 directores de establecimientos educacionales que han recibido el Premio Liderazgo Educativo Directivo (LED) entregó a las candidaturas un documento con diez recomendaciones orientadas a reducir la carga burocrática que soportan los directores y ampliar su esfera de autonomía para mejorar los aprendizajes escolares.
A juicio de la directora ejecutiva de la Fundación Impulso Docente, Florencia Mingo, los directores de establecimientos son los “verdaderos expertos” en educación, quienes “mejor conocen la realidad de sus comunidades educativas” y, por tanto, saben lo que necesitan las escuelas. Impulso Docente, en colaboración con la Fundación Mustakis y El Mercurio, organiza el Premio LED.
De acuerdo con una encuesta aplicada a 354 directivos entre 2018 y 2019, estos experimentan la sensación de que hay demasiadas exigencias administrativas que “no sirven mucho” y que “no mueven la aguja”. Según uno de los autores de este último estudio, el académico de la U. de Chile Pablo González, los directores sienten que su tiempo “estaría mejor empleado” en apoyar a los profesores y ejercer el liderazgo.
Distintos especialistas han observado que las grandes transformaciones y los incrementos presupuestarios en educación de los últimos años no han sido acompañados por cambios en los procedimientos de la enseñanza, ni el ajuste de esta a los nuevos retos sociales, económicos y tecnológicos.
El vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, Mauricio Bravo Rojas, ha escrito que “hemos diseñado grandes arquitecturas institucionales”, como la Ley de Inclusión, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y los servicios locales de educación pública (SLEP), “pero el foco no estuvo en lo que ocurre entre docente y estudiante”. El premio nacional de Educación 2025, Juan Casassus, ha advertido que a través de instrumentos como el Simce se ha intentado tener algún control del proceso educativo, “control ilusorio porque de lo que pasa en las escuelas nadie sabe mucho, salvo los que están ahí”.
Las reformas estructurales en educación se han convertido en los últimos meses en objeto de una renovada disputa político-parlamentaria. Un ejemplo es el sistema de admisión (SAE), que el Congreso se ha empeñado en desmontar, contrariando la opinión de expertos y técnicos calificados de distintos sectores; también se ha abierto una discusión sobre la implementación de los SLEP.
El examen político de las transformaciones institucionales, sin embargo, no debe opacar la importancia de abordar el proceso de aprendizaje, lo que sucede en la sala de clases, las metodologías de enseñanza, y la forma de organización de la escuela. Los grandes cambios legales o de financiamiento en educación precisan aterrizarse a la realidad escolar para que efectivamente mejoren la experiencia y la formación de los estudiantes. Las recomendaciones de los directores son relevantes en la medida que reflejan un conocimiento empírico de la situación de la enseñanza, sus problemas de gestión y las vías de posibles soluciones. En esa dirección, las recomendaciones que han ofrecido resultan especialmente relevantes.
