Frente a los hechos de violencia suscitados en el último tiempo en el ámbito escolar, una encuesta de la Facultad de Educación UDD encontró que la ciudanía está a favor de tomar una actitud más radical contra los estudiantes que realicen actos violentos, una medida poco habitual en los establecimientos educacionales.
El último hecho grave de violencia dentro de un establecimiento escolar fue el pasado 29 de mayo en un colegio de San Pedro de La Paz, en Concepción. Uno más que se suma a una problemática que a diario tienen que lidiar directivos de colegios. La Ley Aula Segura permite la expulsión o cancelación de matrícula ante faltas gravísimas como parte de las sanciones, sin embargo, no siempre se aplica por diferentes razones.
En la encuesta realizada por la Facultad de Educación UDD el 93% está de acuerdo o muy de acuerdo que el director aplicara la ley Aula Segura para desvincular a estudiantes involucrados en actos de violencia. Dicho porcentaje aumenta a 97% en establecimientos municipales y baja a 89% en subvencionados.
“Esta problemática no es solo una cuestión pedagógica o disciplinaria, es una responsabilidad pública que exige respuestas estructurales. Hoy, miles de estudiantes, docentes y familias conviven con un deterioro profundo del clima escolar, faltan psicólogos, faltan apoyos, faltan herramientas. Y lo más grave: no hay una política pública consistente para enfrentar esta crisis”, afirma Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación UDD.
En la encuesta se les preguntó por las posibles razones del aumento de violencia y éstas estaban divididas: 25% cree que es por problemas familiares o falta de apoyo en casa; 23% por falta de formación en valores y habilidades socioemocionales y 22% por Bullying o acoso escolar no atendido. “Son tres dimensiones muy distintas a abordar: lo familiar, lo escolar y lo personal. Esto claramente refleja cómo se debe trabajar. Se requiere avanzar en mayor formación docente y en el fortalecimiento de las habilidades parentales, porque solo podremos alcanzar una educación de calidad, si logramos garantizar entornos seguros para aprender y enseñar”, concluye Mauricio Bravo.
Olla a presión
La Facultad de Educación lanzó recientemente el informe “Clima Escolar y Violencia: Evidencias y Rutas de Acción para una Escuela Segura”, el cual alerta sobre esta crisis que compromete el derecho a la educación, el bienestar socioemocional y el rendimiento académico de niños, niñas y adolescentes.
Según el documento, tras el retorno a la presencialidad postpandemia, los episodios de agresiones físicas, verbales y simbólicas se han intensificado. Entre 2012 y 2022, la victimización frecuente aumentó de 11% a 19%, y quienes sufren violencia en sus escuelas pueden obtener hasta 14 puntos menos en Comprensión Lectora y 7 en Matemáticas.
La evidencia muestra, además, que la violencia afecta con mayor fuerza a estudiantes en situación de vulnerabilidad, profundizando así las brechas sociales y educativas existentes. Por otra parte, sobre la formación docente para enfrentar escenarios de violencia escolar, el estudio revela que más de la mitad de los futuros docentes no ha recibido formación específica para prevenir o abordar este tipo de situaciones, revelando una brecha crítica en la preparación profesional del profesorado.
Sin embargo, los autores advierten que una mirada exclusivamente punitiva no resolverá el problema de fondo, y llaman a avanzar hacia estrategias integrales, preventivas y basadas en el desarrollo de vínculos sanos al interior de las comunidades educativas.
Específicamente, el estudio recomienda fortalecer la educación socioemocional desde la primera infancia hasta la enseñanza media; incorporar prácticas restaurativas como la mediación escolar y los círculos de diálogo para resolver conflictos desde una lógica formativa y no punitiva; acompañar activamente la implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar mediante el suministro de herramientas y apoyo técnico a las escuelas; constituir equipos interdisciplinarios territoriales con capacidad de respuesta inmediata en contextos de alta conflictividad; y actualizar la formación inicial docente incluyendo módulos obligatorios en prevención de violencia escolar.
