En un contexto donde la violencia escolar ha escalado a niveles preocupantes, un reciente estudio liderado por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo arrojó datos reveladores sobre la realidad nacional: más de un 67% de los padres y apoderados de colegios particulares subvencionados a nivel nacional está de acuerdo con la aplicación de la Ley Aula Segura para sancionar o desvincular a estudiantes involucrados en hechos de violencia grave dentro de los colegios.

El citado estudio se basa en una encuesta aplicada a más de mil padres y apoderados de distintos tipos de establecimientos educacionales del país. Los resultados no solo reflejan el hartazgo frente a los hechos de violencia, sino que también evidencian una creciente demanda por soluciones estructurales que involucren tanto a las escuelas como a las familias.

Según explicó el decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo, el apoyo para implementar esta medida varía según el tipo de establecimiento. Al consultar a padres y apoderados de colegios municipales, el respaldo alcanza un 71%, cifra más alta que en particulares subvencionados. Esta diferencia, según el decano, puede explicarse porque los padres de escuelas públicas estarían más expuestos a episodios de violencia escolar, lo que genera una mayor percepción de urgencia frente a la problemática.

«Los papás de colegios municipales probablemente han vivido más de cerca situaciones de violencia, y por eso apoyan con más fuerza la aplicación de medidas concretas», afirmó Bravo.