El proyecto que propone el gobierno del Presidente Boric, para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema denominado “Financiamiento para la Educación Superior (FES)”, traería consigo importantes cambios en la gobernanza de nuestro sistema de educación superior.

Bajo este nuevo esquema, los bancos quedan fuera del financiamiento, y el Estado asume un rol central no solo en la regulación, sino también en el financiamiento.

Este escenario nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan las universidades tanto estatales como privadas, y que en Chile históricamente han contado con altos niveles de autonomía.

Existe bastante consenso en la literatura sobre la relevancia de la autonomía institucional para el fortalecimiento de los sistemas de educación superior: la autonomía universitaria es esencial para garantizar la libertad académica y fomentar la innovación.

Autores como Clark (1983, 1998) y Altbach (2003) destacan que la independencia en la toma de decisiones académicas y de investigación permite a las universidades ofrecer programas de alta calidad, adaptados a las necesidades de la sociedad, sin estar sujetas a agendas políticas o económicas.

Además, la autonomía financiera es fundamental para una gestión eficiente de los recursos, como subraya Johnstone (1999).

Las universidades que pueden administrar sus propios presupuestos tienen mayor capacidad para mejorar su infraestructura y atraer talento académico.

Sin esta independencia, las universidades corren el riesgo de perder su capacidad de contribuir plenamente al avance científico y social, quedando subordinadas a los intereses del Estado.

En este sentido, Clark (1983, 1998) y Johnstone (1999) han señalado que, cuando el financiamiento de una universidad depende de mecanismos controlados por el Estado, como los créditos y becas, la autonomía institucional se ve comprometida.

Las universidades deben ajustarse a las exigencias gubernamentales para mantenerse competitivas, lo que reduce su capacidad de tomar decisiones académicas y económicas de manera independiente.

En este escenario, las universidades chilenas se encontrarán una vez más en la encrucijada de ingresar a un sistema de financiamiento estatal que puede, como ya ocurrió con la gratuidad, poner en juego su autonomía y la sostenibilidad de sus proyectos institucionales.

Esperemos que el debate legislativo oriente el futuro de la educación superior bajo una gobernanza con la capacidad de ofrecer acceso a financiamiento estudiantil sin comprometer lo más valioso de una universidad: su libertad para pensar, investigar y actuar por sí misma, fuera de los confines de la agenda gubernamental.

Más aún cuando existe bastante evidencia teórica y empírica sobre el descenso de la calidad e innovación en sistemas con bajos niveles de autonomía universitaria.

Por Mauricio Bravo, vicedecano Facultad de Educación, Universidad del Desarrollo

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