Desde hace más de 40 años que Chile se ha esforzado por avanzar hacia buenos indicadores de cobertura escolar, destacando como un líder indiscutible en buena parte de Latinoamérica. Durante este período, se implementaron diversas políticas y programas para mejorar el acceso a la educación, tales como, una alta inversión fiscal para mejorar y ampliar la infraestructura escolar e incentivos adecuados para que privados abran establecimientos educativos como un actor colaborador del Estado.

Sin embargo, según estadísticas del Ministerio de Educación, entre 2019 y 2021 cerraron 181 establecimientos escolares. De estos, 68 eran municipales, 59 particulares subvencionados y 54 particulares pagados. Esto se podría explicar por los cambios introducidos por la Ley de Inclusión en 2016, que dificulta la creación de nuevos establecimientos subvencionados o, dicho de otra forma, no consideró incentivos adecuados para estimular la participación de nuevos sostenedores educacionales. Todo lo anterior, limitó las opciones disponibles para que las familias escogieran un centro escolar para sus hijos.

Por otra parte, este mismo cuerpo normativo creó el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), con el objetivo de contar con un proceso de admisión más transparente, equitativo y accesible para todas las familias. No obstante, este ha generado sobredemanda y escasez de cupos, dado que la eliminación de la selección estimuló una mayor demanda en los colegios de mayor prestigio y rendimiento académico y, por tanto, menor demanda por centros educativos de menor calidad y reputación.

En este sentido, fomentar que todos los sostenedores escolares pongan la calidad de los aprendizajes en un lugar prioritario y así mantener o asegurar la elección de las familias por su proyecto educativo, es muy positivo. Sin embargo, en un sistema educativo como el chileno, donde la calidad es escasa, especialmente en sectores de alta vulnerabilidad, esta medida resulta altamente injusta porque genera mayor segregación socioeconómica en nuestras aulas.

Más aún, el SAE genera mayor frustración entre los padres con hijos que no quedaron en el colegio seleccionado, tanto así, que al no contar con una escuela adecuada para ellos, quedan esperando la liberación de un cupo, dejando actualmente a más tres mil alumnos fuera de las salas de clases. Esta situación no solo representa una grave vulneración del derecho a la educación, sino que también conlleva efectos negativos profundos sobre los aprendizajes y las trayectorias futuras de nuestros educandos.

La exclusión de estos alumnos atenta contra todos los esfuerzos del país por alcanzar una educación de calidad. Todos los niños y jóvenes, sin importar su origen socioeconómico merecen tener acceso al aprendizaje. Así, es imperativo revisar las políticas públicas que estarían limitando la diversidad del sistema escolar y, por tanto, la libertad de elección de los padres. Con este fin se debe revisar la Ley de Inclusión y, específicamente la implementación del Sistema de Admisión Escolar.

Actualmente hay más de 3 mil estudiantes que postularon al sistema SAE y que se encuentran sin matrícula. Esta cifra no es menor. Estamos hablando que, como país, no estamos dando la opción a estos niños, niñas y adolescentes a que se eduquen. El ministro aludió a que este es un problema de «mediano a largo plazo». Y si bien es cierto, hay estrategias que se deben tomar rápidamente. Aquí y ahora.

Mauricio Bravo

Vicedecano Facultad de Educación