A través de la educación, la confianza, inclusión y el fortalecimiento de nuestras comunidades en los territorios, podemos contrarrestar la influencia nociva de la violencia en el ámbito escolar. No podemos permitirnos el lujo de ignorar este problema porque está en juego el futuro de nuestros jóvenes, y en última instancia, la paz en nuestra sociedad.
La semana pasada se dieron a conocer cifras por parte de Carabineros que inquietan: en lo que va del año se han registrado 153 narco funerales, en donde en 18% de ellos hubo lanzamientos de fuegos artificiales.
Estos eventos provocaron el cierre de forma preventiva de establecimientos educacionales. En marzo de 2023 el caso más bullado fue en Valparaíso, donde tres colegios cerraron de forma preventiva y siete entregaron flexibilidad horaria. Otro narco funeral en abril hizo que en la comuna de Pedro Aguirre Cerda cuatro colegios suspendieran clases de forma preventiva.
Estas cifras que entrega Carabineros afectan directamente a la comunidad educativa. Y así como han aumentado los narcofunerales, también se percibe un aumento en el temor de inseguridad entorno a los colegios por estos episodios.
Prueba de aquello es que, de acuerdo a una encuesta de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, en marzo el 56% de apoderados encuestados afirmaba que sentía mucho temor por hechos de violencia alrededor de las escuelas como narco funerales, balaceras y asaltos. Al hacer la misma pregunta en mayo, esa cifra aumentó a un 62%.
En este sentido, estos datos explicarían por otro resultado del sondeo: la garantía de seguridad e integridad es el segundo factor más relevante para los padres y apoderados al momento de escoger un colegio (31%), después de la calidad de los profesores. Estos antecedentes nos muestran que la violencia en las calles y, por consiguiente, la sensación de inseguridad, puede comenzar a influir en decisiones de los apoderados sobre cómo proteger a los alumnos en entornos más violentos.
El 55% de los encuestados estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo en cerrar los colegios como respuesta para resguardar la seguridad de los estudiantes. No obstante, se observa que los encuestados más jóvenes y, por tanto, con hijos más pequeños afirman estar a favor de suspender las clases como medida de control y seguridad, tendencia similar se observa en sectores socioeconómicos más vulnerables.
Si aumentan estos funerales en entornos cercanos a colegios, comenzaremos a normalizar, cada vez más, la suspensión de clases para proteger a los alumnos. Si bien es atendible el temor de padres y apoderados, por el bien de los educandos no podemos optar únicamente por una decisión efectista como cerrar los establecimientos o hacer simulacros de balaceras. Se debe cambiar la tónica para enfrentar este problema porque los efectos de la suspensión de clases son altos.
Por ejemplo, el Banco Mundial, en conjunto con el Mineduc, simularon los costos del cierre de las escuelas en 2020, determinando que los estudiantes que perdieron el 60% de clases presenciales aprendieron un 40% menos que en un año académico normal. Estos resultados se incrementan por nivel socioeconómico: mientras los estudiantes del quintil más rico aprendieron un 15% menos, los del quintil más pobre redujeron sus aprendizajes hasta en un 50%. Asimismo, los alumnos (as) de escuelas públicas que se mantuvieron cerradas todo 2020 presentaron una pérdida de 94%, es decir, no aprendieron prácticamente nada.
A esto se suma que lo que ocurre en el entorno o en el barrio en el que crecen los estudiantes puede tener un impacto significativo en su desarrollo y comportamiento. En barrios más inseguros se observa una mayor tendencia a involucrarse en actos de violencia porque se normaliza esta forma de resolver los conflictos. A esto se suma que en barrios con altos niveles de pobreza se puede generar mayor frustración y estrés que derivan en comportamientos más agresivos.
Por último, frente a la falta de espacios seguros los niños también podrían desarrollar comportamientos disruptivos (Delval, 1998; Arón, 2001; Noñoro et al., 2002; Sabucedo et al., 2003; García, 2008; Olivera-Carhuaz et al., 2020). Por ejemplo, al glorificarse el poder de las pandillas, se envía un mensaje peligroso que puede generar una percepción distorsionada del éxito al asociarlo con la violencia, el narcotráfico y el desprecio por el estado de derecho.
En síntesis, los narco funerales, balaceras y asaltos en el entorno de las escuelas y su impacto en el sistema escolar presentan un desafío complejo y multidimensional que requiere una respuesta integral desde la política pública. En la encuesta, la mayoría de los encuestados decía que es el Gobierno quien tiene que garantizar y responder por la seguridad alrededor de los colegios (50%), pero debe hacerlo en directa coordinación con los municipios y estos con las policías y establecimientos educacionales. Como sociedad, debemos rechazar la normalización de la violencia y trabajar juntos para ofrecer a nuestros jóvenes un futuro más prometedor.
A través de la educación, la confianza, inclusión y el fortalecimiento de nuestras comunidades en los territorios, podemos contrarrestar la influencia nociva de la violencia en el ámbito escolar. No podemos permitirnos el lujo de ignorar este problema porque está en juego el futuro de nuestros jóvenes, y en última instancia, la paz en nuestra sociedad.
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