Este 1° de marzo entra en vigencia la ley de integración escolar con el espíritu de mejorar la calidad y hacer más inclusivo el sistema escolar. La ley incluye mecanismos aplaudidos por todos como un aumento en la subvención, y otros mecanismos más controversiales como el fin de la selección, fin al financiamiento compartido y el fin al lucro. Lamentablemente ninguno de estos mecanismos asegura una mejora en la calidad de la educación, que es una necesidad imperante de nuestro sistema educativo.
Analicemos el caso de un alumno de clase media, cursando enseñanza media en un colegio particular subvencionado sin copago. El colegio recibirá por este alumno un aumento en su subvención mensual de casi $20.000, lo que significa un aumento de casi un 30% con respecto al 2015. Para que haya un impacto real en la calidad de la educación, es necesario que estos recursos sean gastados lo más cerca posible a la sala de clases. Sin embargo, la manera más fácil que tienen los establecimientos para utilizar recursos extras es comprar materiales o invertir en infraestructura, lo cual no tiene necesariamente un impacto en mejorar la enseñanza. Se ven constantemente en los colegios computadores sin uso, inversión en tecnología que no es aprovechada por los profesores, laboratorios subutilizados, etc. La literatura muestra que la forma más eficiente de mejorar la calidad de la educación es a través de la calidad de los profesores. Es por esto la relevancia del proyecto de ley de Carrera Docente, ya que una inyección de recursos sin entregarle a los directores y sostenedores la autonomía suficiente para usarlos en mejorar el equipo docente y en administrarlo de forma eficiente, no tendrá un impacto significativo en la calidad de la enseñanza.
Con respecto a los otros mecanismos como el fin del financiamiento compartido y el fin a la selección es difícil imaginar que tengan un impacto en la calidad educativa. El mayor impacto que podría llegar a tener es una redistribución de los alumnos. ¿Implica esta redistribución un aumento en la calidad? No necesariamente, ya que no hay suficiente evidencia que permita concluir un efecto significativo del llamado “efecto par”. Por lo tanto, estos mecanismos probablemente tengan efectos sobre la inclusión, pero no en la calidad.
El fin al lucro podría tener efectos tanto positivos como negativos en los colegios que actualmente tienen la posibilidad de lucrar. Por un lado, la ley exige un cambio en la personalidad jurídica de los sostenedores, lo que les significa utilizar recursos y esfuerzos en adecuarse a los requisitos de la ley, desviándose de su labor principal que es la educación. Por otro lado, el fin del lucro podría significar un cambio en los recursos privados invertidos en educación, en innovación, y en incentivos para buscar mejores métodos educativos para atraer a más familias. Se podría argumentar, por ejemplo, que el fin al lucro implicaría una mayor inversión de recursos en educación debido a que lo que antes se “lucraba”, ahora se reinvertiría. Sin embargo, soy escéptica a creer en esto ya que son muy pocos los establecimientos que realmente lograban tener excedentes significativos.
En conclusión, uno de los principales objetivos de la ley era mejorar la calidad de la educación, y caben serias dudas que esta esperada ley pueda tener un impacto significativo en este aspecto.
