La norma llega tras un alza de 58% en las denuncias por maltrato a adultos entre 2023 y 2025 y un promedio de 893 delitos por porte de armas en colegios durante 2025.Andrea Cova Moore La publicación de la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas” establece nuevas herramientas para que los establecimientos educacionales enfrenten situaciones de violencia y amenazas al interior de las comunidades educativas.
La normativa, promulgada y publicada esta semana, busca reforzar la seguridad, entregar mayores atribuciones a los equipos escolares y fortalecer la autoridad de los docentes.Los antecedentes contenidos en la minuta de la ley muestran un aumento de las denuncias por convivencia escolar asociadas a maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación, que pasaron de 441 en 2023 a 695 en 2025, equivalente a un incremento de 58%. A esto se suma que durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros.La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que la normativa “busca resguardar que las escuelas sean espacios sagrados”.
Agregó que las orientaciones que entregará la Superintendencia de Educación establecerán cómo los establecimientos podrán aplicar las nuevas herramientas y facultades, con el objetivo de que profesores y equipos escolares puedan adoptar “medidas correctivas inmediatas en la sala de clases con el propósito de poner orden y así evitar que conflictos propios de la convivencia escalen”.Revisión de mochilasUna de las principales novedades de la legislación es que permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otras pertenencias personales.
Estos procedimientos deberán estar previamente regulados y ser realizados por personal capacitado.La normativa establece límites específicos: no contempla revisiones corporales ni de vestimentas y busca resguardar derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso.
Según Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, el procedimiento debe contemplar la participación de dos integrantes de la comunidad educativa, al menos uno vinculado a convivencia escolar, y privilegiar que sea el propio estudiante quien exhiba el contenido de sus pertenencias.El académico enfatiza que la posibilidad de revisar mochilas no constituye una autorización general para registrar a los estudiantes de cualquier manera.
