La encuesta, aplicada a 959 apoderados a nivel nacional, revela un amplio cuestionamiento al sorteo aleatorio del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y un respaldo transversal, entre colegios públicos y particulares subvencionados, a mecanismos complementarios como entrevistas informativas y admisión diferenciada supervisada por la autoridad.
A una década de la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), una encuesta desarrollada por el Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) de la Facultad de Educación UDD junto a Panel Ciudadano, puso cifras a un debate que ha crecido con fuerza en el último tiempo: la legitimidad social del mecanismo que hoy asigna al 91% de la matrícula escolar con financiamiento público en Chile.
El Policy Brief N°35, elaborado por el vicedecano de Educación UDD, Mauricio Bravo, analiza los resultados de un sondeo aplicado el 24 de junio a 959 apoderados con hijos en edad escolar. El instrumento desagregó las respuestas según tipo de establecimiento, público o particular subvencionado, encontrando un patrón notablemente consistente entre ambos segmentos.
El hallazgo más contundente se refiere al sorteo aleatorio o «tómbola», mecanismo que opera cuando dos o más postulantes comparten los mismos criterios de prioridad o no cumplen ninguno. Más de la mitad de los encuestados, 56% en el sector público y 61% en el particular subvencionado, lo calificó como «nada justo». La cifra cobra relevancia si se considera que, según el propio documento, en el proceso de admisión 2025 el 16% de los niveles educativos presentó sobredemanda, concentrando el 55% de las postulaciones en primera preferencia, y que en ese segmento cuatro de cada cinco postulantes no cumplía ningún criterio de prioridad, proporción que en primer año de enseñanza media llegó a nueve de cada diez.
En paralelo, más de tres cuartas partes de los apoderados, 55% en público y 59% en particular subvencionado, con la opción «muy de acuerdo», considera que el SAE limita la capacidad efectiva de las familias para elegir el establecimiento que desean para sus hijos.
La encuesta también indagó en el respaldo a eventuales reformas. La opción con mayor nivel de acuerdo del estudio fue habilitar entrevistas informativas para que los establecimientos expliquen su proyecto educativo, con cerca del 90% de apoyo y un rechazo explícito de solo 7-8%. Le siguió el respaldo a que los colegios puedan optar por un sistema de admisión diferenciado supervisado por la autoridad educativa, cercano al 80%, y el reconocimiento del rendimiento académico como criterio de selección en determinados establecimientos, también en torno al 80%, con una mayoría absoluta (50% en ambos grupos), que se declaró «muy de acuerdo».
Sobre el impacto del SAE en la calidad de la educación, la evaluación fue mayoritariamente negativa: cerca de la mitad de los encuestados le asignó una nota baja y solo uno de cada diez la calificó positivamente. La valoración sobre su contribución a la inclusión resultó comparativamente mejor (cerca del 60% la evaluó con nota media o alta), aunque todavía moderada.
Para Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación UDD y autor del estudio, los resultados exponen una tensión de fondo en el diseño del sistema: «el SAE fue pensado para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso, pero los propios apoderados perciben que esa igualdad formal no se traduce en una elección real ni en un reconocimiento del mérito de sus hijos; ahí está el nudo que cualquier reforma tendrá que resolver».
