Aunque el Gobierno tenía previsto presentar esta semana el proyecto que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), finalmente optó por postergar su ingreso al Congreso para la próxima semana. La decisión se produce en medio de una compleja coyuntura que cambió la agenda de La Moneda, a raíz de la investigación respecto de los menores haitianos que ingresaron al país mediante reunificación familiar y cuyo paradero hoy es desconocido.
Desde su implementación gradual a partir de 2016, el SAE ha sido objeto de numerosos cuestionamientos. Los adherentes al algoritmo sostienen que puso fin a prácticas de selección arbitrarias, pero sus detractores han criticado que restringió la libertad de elección de las familias y terminó asignando vacantes mediante un mecanismo percibido como aleatorio —apodado como la “tómbola”— en aquellos establecimientos con más postulantes que cupos.
La reforma a este sistema responde a uno de los principales compromisos de campaña del Presidente Kast en materia educativa, modificación que volvió a comprometer en su primera Cuenta Pública cuando señaló que “tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo”.
(…) Las implicancias de un sistema dividido
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, presidió la mesa técnica que hizo recomendaciones al SAE el año pasado (de la cual también formó parte la hoy ministra María Paz Arzola), y manifiesta que “no veo la necesidad de tener dos sistemas distintos de admisión escolar; por el contrario, sí veo las desventajas, por lo pronto, la complejización del sistema y la pérdida de optimización en la asignación que termina por perjudicar a las familias”.
Su par, Mauricio Bravo, vicedecano de Educación en la U. del Desarrollo, sostiene que “yo estoy de acuerdo en que efectivamente se reponga el mérito como un criterio de priorización para seleccionar a los estudiantes. Creo que es una pésima señal no hacerlo (…). También estoy de acuerdo en que tenemos que darles mayor autonomía a los sostenedores o directores de colegios para que ellos puedan, de un conjunto de criterios de priorización, elegir”.
