Un análisis del centro de estudios Acción Educar aborda el perfil de los beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), que por estos días está en medio del debate público a causa de los más de 1.500 embargos que efectuó la Tesorería General de la República (TGR) a los deudores morosos.

El estudio ocupa cifras de la Comisión Ingresa —encargada de administrar los préstamos— e identifica que, a diciembre de 2025, el CAE contaba con 1.280.904 deudores. En ese entonces —previo a que el Gobierno anunciara que iniciarían los cobros y una parte de las personas buscara regularizar su situación de pago—, más del 71% estaba moroso (debiendo 3 o más cuotas), y solo el 28% estaba al día.

Entre los hallazgos, está que la deuda promedio es de $9,6 millones, que más de la mitad debe menos de $7 millones, y que la cuota mensual promedio es de unos $59 mil. Además, se expone que el 74,3% de los deudores paga menos de 2 UF al mes (cerca de $80 mil).

El sondeo también evidencia que la morosidad es transversal a todos los grupos socioeconómicos; aunque es más pronunciada en los quintiles más vulnerables, de todas maneras supera el 60% en los dos más altos: 66% en el cuarto y 61% en el quinto.

Por ello, concluye que se “desmitifica el argumento de que la gran mayoría de los deudores se encuentran sobreendeudados”.

(…) El vicedecano de Educación de la U. del Desarrollo, Mauricio Bravo, coincide en que “existe un grupo importante de deudores del CAE con capacidad económica para cumplir sus compromisos”, por lo que opina que “en esos casos, el cobro no solo es legítimo, sino necesario para resguardar los recursos públicos y la equidad entre quienes sí han hecho el esfuerzo de pagar sus obligaciones”.

Por ello, el académico considera que “el debate no debería centrarse en si se cobra o no, sino en distinguir adecuadamente entre quienes no pueden pagar y quienes simplemente deciden no hacerlo”.

Y añade: “Cualquier política de financiamiento estudiantil para que sea sostenible requiere combinar protección para quienes enfrentan dificultades económicas con mecanismos efectivos de cobro para quienes tienen capacidad de pago. De lo contrario, se generan incentivos perversos que terminan debilitando la legitimidad del sistema y reduciendo los recursos disponibles para futuras generaciones de estudiantes”.