La creciente preocupación por los episodios de violencia al interior de los establecimientos educacionales impulsó la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas, una iniciativa que busca entregar nuevas herramientas a las comunidades escolares para prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad en los recintos educacionales.
La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y se transformará en ley una vez que complete su revisión en el Tribunal Constitucional.La medida surge en un contexto marcado por un aumento sostenido de conflictos de convivencia escolar, agresiones a docentes y funcionarios.
Sus impulsores sostienen que la normativa permitirá actuar de manera preventiva frente a amenazas que puedan poner en peligro la integridad de estudiantes, profesores y asistentes de la educación.
Sin embargo, la iniciativa también ha generado cuestionamientos respecto de sus efectos sobre los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Entre las principales disposiciones de la nueva ley se establece que los sostenedores podrán incorporar en los reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo expresamente las vestimentas.
El objetivo es impedir el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o causar daños a la infraestructura de los establecimientos.La normativa señala que estas revisiones deberán realizarse en lugares especialmente habilitados, evitando cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados.
Asimismo, queda prohibido exigir que un estudiante se desnude o someterlo a revisiones corporales. El proyecto también faculta al personal escolar para solicitar que un estudiante muestre o vacíe el contenido de sus bolsillos cuando existan antecedentes que justifiquen la medida.
Si durante el procedimiento se detectan elementos considerados potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres o apoderados y dar aviso a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. En caso de que el estudiante se niegue a la revisión, el colegio deberá citar a sus padres o apoderados para que participen del procedimiento.
(…) A su juicio, el desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan proteger a la comunidad educativa sin afectar la dignidad, privacidad e integridad de los alumnos. Una visión similar plantea Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. El académico señala que los establecimientos tienen el deber de proteger a estudiantes y funcionarios, pero deben hacerlo respetando principios fundamentales.
“Por ello, las revisiones contempladas por la ley deben realizarse solo cuando existan antecedentes que las justifiquen, en espacios privados, con supervisión de adultos y dejando registro del procedimiento. La clave es que la medida sea excepcional y no se transforme en una práctica común”, explica.
