Con los recintos escolares de Santiago y de otras 45 comunas que fueron traspasados este año desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) —en virtud de la Nueva Educación Pública (Ley 21.040)— ya son más de 2.300 establecimientos escolares, y más de 700 jardines infantiles y salas cuna (JISC) de todo el país, que son administrados bajo la nueva norma, desde que empezó a aplicarse progresivamente en 2018.

La llamada “desmunicipalización” —por terminar con la enseñanza bajo administración municipal— representa una de las principales reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet: fijó que se crearían 70 SLEP para ser los nuevos sostenedores.

De ellos, ya están operando 36, cumpliendo el hito de haberse traspasado más de la mitad al nuevo modelo, que ha estado marcado por dificultades, problemas de funcionamiento, irregularidades y postergaciones en su calendario, que originalmente consideraba haber completado todo el traspaso en 2025.

(…) Una distinta mirada tiene Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la U. del Desarrollo, quien considera que una pausa “es técnicamente positiva si se entiende como una etapa de evaluación y ajuste dentro del ciclo de las políticas públicas”.

Puntualiza que “las reformas estructurales requieren corregir problemas antes de seguir expandiéndose. Además, discutir un sistema mixto, donde convivan SLEP y municipios con buenas capacidades de gestión, no debiera verse como un retroceso, sino como una alternativa centrada en asegurar aprendizajes de calidad”.

Hasta ahora, los próximos traspasos están previstos de esta forma: 11 SLEP en 2027, 11 en 2028 y los últimos 12 en 2029.