El Sistema de Admisión Escolar (SAE) fue puesto en marcha en 2016, en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, para cumplir con el fin a la selección establecido en la Ley de Inclusión, y evitar, por ejemplo, las largas filas de apoderados postulando en establecimientos de renombre.

Sin embargo, hoy mantiene vulnerabilidades, según la Contraloría: se comprobó, por ejemplo, que se pudo realizar una postulación con el RUT de una persona adulta fallecida, sin que el sistema emitiera alerta alguna.

Un informe del ente contralor, al que tuvo acceso “El Mercurio”, realizó un seguimiento a una revisión de 2023, y detalla diversos reparos al sistema. Además de poder postular con el RUT de una persona fallecida, el SAE solo conserva “logs” —registros técnicos que permiten rastrear quién ingresó y qué acciones realizó— por un período de una semana, lo que impide garantizar la trazabilidad y dificulta detectar irregularidades transcurrido ese plazo.

Según la Contraloría, a la fecha de la revisión existían más de 280 mil campos en blanco en estos registros, “lo que produce una falta de control al momento de revisar las transacciones de la base de datos”.

Previamente, el SAE había registrado problemas con las listas de espera de los escolares, pues estas no avanzaban como se esperaba, o bien la asignación de establecimientos era muy lejos de donde estaba el alumno.

Desconfianza

Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD, afirma que el informe de la Contraloría “advierte serias vulnerabilidades en el SAE”, puntualizando que “la ausencia de controles adecuados permite la manipulación de información, debilita la trazabilidad de los procesos y abre espacio para fraudes o errores que afectan la confianza de las familias. Además, se compromete la rendición de cuentas del sistema, erosionando la credibilidad de una política pública que ya está fuertemente cuestionada por las familias”.