La reciente aprobación del proyecto de ley que pone fin a la doble evaluación docente, representa importantes desafíos para el sistema escolar en su conjunto.

Poniendo en contexto, en la actualidad 213.404 docentes trabajan en nuestras aulas. De ellos, 82.140 realizan sus labores en establecimientos municipales, 94.377 en establecimientos particulares subvencionados y 22.388 en establecimientos particulares sin subvención. Por su parte, 2.117 trabajan en colegios de administración delegada y 12.382 lo hacen en servicios Locales de educación pública.

En este contexto, dos sistemas de evaluación docente han coexistido en los últimos años en el país: la ley 19.961 -promulgada en agosto de 2004- y la ley 20.903, promulgada en marzo de 2016. El primer cuerpo normativo creó un sistema de evaluación docente dirigido solamente a profesores que se desempeñaban en el sistema municipal.  Este proceso consta de 4 instrumentos (el portafolio, la evaluación de terceros, la evaluación par y una autoevaluación) y arroja cuatro categorías de desempeño: insatisfactorio, básico, incompetente y destacado. Dependiendo del resultado, es la frecuencia con que cada docente debe volver a evaluarse. Así por ejemplo, un profesional evaluado como competente o destacado debe volver a ser evaluado tras cuatro años. A 2020, se han realizado 246 mil evaluaciones, las que se han concentrado en los últimos tres años, registrándose desde 2017 un promedio aproximado de 22 mil evaluaciones anuales.

Por su parte, la ley 20.903 creó el sistema de reconocimiento docente (conocido como carrera docente). Este sistema está constituido por dos instrumentos (el portafolio -compartido con el sistema anterior- y una evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos). Los resultados entregan cinco categorías de desempeño: inicial, temprano, avanzado, experto I y experto II. La particularidad de este sistema es que está dirigido tanto a docentes municipales como a docentes de colegios particulares subvencionados. De acuerdo con esta ley, la incorporación de todos los docentes al sistema de reconocimiento debía ser gradual hasta 2026, año en que sería obligatorio que todos los establecimientos con financiamiento estatal estén adscritos a esta normativa. A 2020, 209.354 docentes se encontraban categorizados en alguno de los tramos de evaluación.

La coexistencia de estos dos sistemas de evaluación ha traído consigo una serie de complejidades como resultado de su implementación. En este sentido, uno de los puntos más comentados es el portafolio, instrumento compartido por ambos sistemas. Este instrumento consta de 3 módulos, los que son evaluados por medio de una serie de indicadores, que permiten conocer cuáles son las fortalezas y los focos a mejorar en quienes se evalúan cada año. 

Al respecto, los datos muestran -por ejemplo- que en el indicador “formulación de objetivos de aprendizaje”, los docentes obtienen un 91% de logro, mientras que en los indicadores “análisis y uso de los resultados de evaluación” y “uso del error para el aprendizaje” se observa un 21% y 12% respectivamente. Estos datos muestran -entre otras cosas- la necesidad de focalizar el acompañamiento docente en los procesos de evaluación y no en los de planificación.

Ahora bien, esta nueva ley surgió de la necesidad de aunar esfuerzos para establecer un sistema único de evaluación para los docentes que trabajan en establecimientos financiados por el estado en el país (es decir, casi el 90% del total nacional). Ante ello, surgen a mi entender tres importantes desafíos para el sistema escolar: En primer término, es necesario repensar la orientación que se otorga a este sistema, enfocando la evaluación hacia una práctica más centrada en la retroalimentación y de aprendizaje tanto a nivel individual como a nivel institucional. En segundo lugar, se debieran generar instancias formales en las que se discutan y analicen los resultados obtenidos en el portafolio, identificando de esa manera las áreas prioritarias de formación, como por ejemplo los centrados en el uso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, se deben reforzar los mecanismos para que docentes bien evaluados puedan compartir sus prácticas y experiencias con otros docentes, no solo al interior de sus propios establecimientos, sino que también con otros.

Sin duda, los docentes de nuestro país requieren ser acompañados. En este sentido, este sistema único de evaluación trae consigo nuevas y mayores complejidades, las que exigirán esfuerzos conjuntos de todos los actores educativos. Como sociedad, debemos repensar cómo podemos brindar el apoyo adecuado que los docentes requieren para alcanzar su objetivo central: el aprendizaje de todos y todas sus estudiantes.

Armando Rojas
Investigador Facultad de Educación UDD

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